Por Raúl Ramírez BaenaPresidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC
El tema del aborto ha sido debatido en México, intencionalmente, desde un falso dilema. La Iglesia Católica, grupos conservadores, dirigentes y gobernantes del PAN han planteado con especial énfasis el “derecho a la vida” como la reivindicación principal ante las iniciativas de despenalizar –que no legalizar– cinco causales de aborto.
Desde los principios de los derechos humanos, el derecho a la vida es tan importante como las libertades civiles, el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, los derechos laborales, electorales, etc. No hay preeminencia de un derecho sobre otros; no hay derechos primarios ni secundarios, superiores ni inferiores. Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes y todos importantes por igual.
Para los humanistas y liberales, el derecho a la vida no tiene sentido si la persona no logra en vida la satisfacción de sus necesidades básicas, la felicidad y el irrestricto respeto a su dignidad, y el Estado debe ser garante de ello.
Las iglesias defienden en extremo “la vida” como el derecho fundamental (ello explica el “fundamentalismo”), pero no defienden lo que sigue a la existencia. Los pobres, los débiles y las víctimas encontrarán la Gloria y el alivio en la otra vida. Aquí deben soportar su destino, ser carne de cañón y aceptar humildemente su desdicha.
Por ello, la Conferencia Episcopal Latinoamericana (Celam) de Medellín (1968), que dio origen a la Teología de la Liberación, concluyó:
1) La salvación cristiana no puede darse sin la liberación económica, política, social e ideológica; 2) eliminar la pobreza, la explotación, la falta de oportunidades y las injusticias; 3) garantizar el acceso a la educación y la salud; 4) la liberación como toma de conciencia ante la realidad socioeconómica; 5) la situación actual de la mayoría de los latinoamericanos contradice el designio histórico de Dios y la pobreza es un pecado social; 6) afirmar el sistema democrático profundizando la concientización de las masas; 7) crear un “hombre nuevo“ como condición indispensable para asegurar el éxito de la transformación social. El hombre solidario y creativo motor de la actividad humana en contraposición a la mentalidad capitalista de especulación y espíritu de lucro y, 8) la libre aceptación de la doctrina evangélica procurando primero a la persona condiciones de vida dignas y posteriormente su adoctrinamiento evangélico, si la persona quiere.
Esta doctrina social de la Iglesia, llamada también “la opción por los pobres”, ha sido combatida por los dos últimos Papas. Juan Pablo II consideraba básicamente que, “a pesar del compromiso radical de la Iglesia católica con los pobres, la disposición de la Teología de la Liberación a aceptar postulados de origen marxista o de otras ideologías políticas no era compatible con la doctrina, especialmente en lo referente a que la redención sólo era posible alcanzarse con un compromiso político”.
Ahora, en preparación al Celam de Aparecida, Brasil, del próximo mes de mayo, Joseph Ratzinger –Benedicto XVI– ha maniobrado con los nuncios apostólicos de América Latina para reforzar su control sobre un ya de por si “domesticado” clero de la región. Se valdrá de la conferencia para imponer su línea de “restauración conservadora”. Para ello, según Enrique Dusssel, teólogo argentino-mexicano, las políticas del actual pontífice “están centradas en temas muy concretos, como son su lucha contra el aborto, el celibato y la homosexualidad, olvidándose de los graves problemas de miseria y explotación de la región (Proceso 1587).
“Ratzinger (quien estuvo a cargo de la Congregación para la Doctrina de la Fe con Juan Pablo II –antes Santa Inquisición–, combatiendo desde ahí la Teología de la Liberación) insiste en que no se mate a los neonatos. Es muy bonito pedir que nazcan, ¿pero para que después vivan como perros, hambrientos y miserables? Si va a defender la vida, pues que defienda toda la vida; la de los no nacidos y también la de los pobres. Para los trabajadores, un salario miserable es un problema de vida…”, agrega Dussel.
México ha firmado y ratificado tratados internacionales a favor de los derechos humanos, sin embargo, en materia de aborto, la despenalización es aún una labor pendiente. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, en sus observaciones finales a México del 25 de agosto de 2006, menciona: “El Comité pide al Estado Parte (México) que armonice la legislación relativa al aborto a los niveles federal y estatal. Insta al Estado Parte a aplicar una estrategia amplia que incluya el acceso efectivo a servicios de aborto seguros en las circunstancias previstas en la ley, y a una amplia variedad de métodos anticonceptivos, incluidos anticonceptivos de emergencia, medidas de concienciación sobre los riesgos de los abortos realizados en condiciones peligrosas y campañas nacionales de sensibilización sobre los derechos humanos de la mujer…”.
Por lo tanto, el debate no está entre el “si” o el “no” al aborto; esta es una posición reduccionista. Nadie está de acuerdo en cegar la vida de un feto humano. El punto está en qué hacer con cientos de miles de mujeres que abortan clandestinamente al año por razones económicas, sociales o familiares, con un grave riesgo a su vida. ¿Convencerlas y sensibilizarlas para que no lo hagan? ¿Mejorar los procedimientos legales y sociales para la adopción? Está bien, hagamos esto, pero no las castiguemos ni las condenemos.
Para afianzarse en el poder político y amparados en la “defensa de la vida y la familia”, la llamada “derecha” ideológica ha iniciado movilizaciones y una costosa campaña mediática chespiritiana y legal contra el aborto, los métodos anticonceptivos, la pastilla de emergencia, las sociedades de convivencia y la eutanasia.
Estos grupos ven la oportunidad para ganar espacios en asuntos públicos (educación, salud, elecciones, seguridad pública), y de la mano del Vaticano atacan la labor de los legisladores y siembran el temor a Dios (la excomunión) para renovar la fe de los creyentes y atraer adeptos ante la crisis de espiritualidad y vocaciones religiosas. Es el regreso del oscurantismo. A la “cultura de la muerte”, como dicen, imponen la ira y la ley de Dios. Así, la opinión de las mujeres sobre sus derechos pasa a segundo término.
A la izquierda mexicana le urgen triunfos políticos después de lo que considera un despojo en las elecciones federales pasadas y de las reformas a la Ley del ISSSTE. Por ello, la iniciativa de despenalización se aprobará en su principal bastión, el DF.
En temas de religión y de conciencia individual, el Estado laico está obligado a ser imparcial y a no intervenir. El dogma es inamovible, en cambio, la ley es dinámica y no puede estar supeditada a aquel. Entonces, ni castigo ni amenazas y sí –a riesgo de ser acusado de hereje y de la excomunión–, paso a la modernidad y a una actitud tolerante.
