La primera jornada del Juicio por la Masacre de Avellaneda

Finalmente, luego de tres años, ayer comenzó el juicio oral y público por la Masacre de Avellaneda. Las rejas que separan el edificio del Tribunal Oral N°7 de Lomas de Zamora del gran predio que lo circunda delimitaron dos escenarios, en ambos: hechos, imágenes y discursos. Adentro, el difícil encuentro entre asesinos, víctimas y familiares; las acusaciones de la fiscalía y de la parte querellante; la negativa de Fanchiotti a declarar y el previsible pedido de nulidad de los cargos por parte de su abogado, el Dr. Amílcar Chiodo. Afuera, el acompañamiento popular, masivo y persistente; la denuncia necesaria de los responsables políticos y autores intelectuales de la Masacre, no investigados ni contemplados más que como testigos; el acampe que comienza hasta junio y el arte para plasmar la bronca, la memoria y el pedido de justicia.

No están solos

Eran las 10 de la mañana y en la estación Banfield del ex Ferrocarril Roca ya comenzaban a concentrarse las columnas. Mucha gente, muchas banderas, muchos colores. Fue uno de esos días en que todos se sienten convocados. Uno de esos días realmente significativos. Los familiares y las víctimas de la represión llegaron con caras cansadas pero expectantes, “esto es un hecho importante, el acompañamiento de la militancia, el acompañamiento de la sociedad demuestra una vez más que Darío y Maxi no estaban equivocados en su lucha, si no esto no sucedería. Pasaron casi tres años, los gobiernos trataron de estirar lo más posible el juicio para que la sociedad se olvide pero lograron todo lo contrario, la sociedad se sigue acordando y ya los ha condenado”, comentó Alberto Santillán, el papá de Darío. Ellos – que conforman junto a otras personas la Comisión Independiente por el Juicio y Castigo a los asesinos del Puente Pueyrredón- encabezaron la movilización que, casi a las 11, partió desde allí hasta el edificio de los Tribunales. Fueron más de diez mil personas del Frente Popular Darío Santillán, Polo Obrero, MTR, MST y UTL entre otros movimientos, las que caminaron en marcha apretada a través de la calle Larroque por poco menos de una hora. Mientras, el acceso principal al Tribunal fue cerrado y en los secundarios se pusieron vallas. En una de sus puertas laterales, ya empezaban a agolparse los periodistas que querían presenciar la audiencia que comenzaría unas tres horas más tarde. Adentro los gendarmes custodiaban los preparativos y la lista de llegada. Del otro lado de las rejas, la primera mañana del acampe de los movimientos que acompañará el desarrollo del juicio durante 45 días. Por allí, esperando el acto, un gran escenario se revestía de un mural con imágenes de Darío y Maxi y carteles con las caras de cada uno de los autores intelectuales de la masacre. “Prófugo”, “Buscado por el pueblo desde el 26/06/02” subtitula cada uno de los nombres.

La Causa y sus omisiones

“Dentro de pocos minutos comienza un juicio en el que todavía nos quieren hacer creer que esa jornada fue sólo el fruto de un exceso policial y del repentino ataque de locura de un comisario. Esa es la única línea de investigación que siguió la Justicia. Por eso hoy estamos ante el inicio de un juicio en el que sólo hay ocho policías imputados, de los cuales sólo tres cumplen prisión preventiva. Por eso la causa fue seccionada en partes; por eso se encubre que hubo un plan represivo único por parte del Estado; por eso, cuando por la insistencia de los abogados de familiares y víctimas la Justicia ordena abrir los archivos secretos ligados a la jornada del 26 el gobierno se niega a hacerlo. Esta misma Justicia de Lomas – el feudo político de Duhalde-, a pesar de la gran cantidad de pruebas y evidencias, nunca aceptó avanzar sobre las responsabilidades de quienes planificaron, complementaron la represión con directivas desde sus despachos y encubrieron y justificaron los crímenes de la Masacre de Avellaneda. Es por todo esto que ninguno de los autores intelectuales y responsables políticos estará sentado en el banquillo de los acusados”. En el acto que comenzó pasadas las 12, Alberto Santillán, en nombre de la Comisión, planteaba así claramente las limitaciones del proceso que se inicia: una “condena simbólica” que alcanza tan sólo a algunos de los que apretaron el gatillo. Algunos de los que apretaron el gatillo: el comisario inspector Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta. Ambos acusados de dos homicidios y de siete tentativas. Los ex policías Mario de la Fuente, Gastón Sierra y el ex comisario Osvaldo Vega incriminados por encubrimiento agravado. Carlos Quevedo y Lorenzo Colman imputados con la misma figura penal por haber presenciado el asesinato de Santillán y haber limpiado las evidencias. Por último, Francisco Robledo, un policía retirado que actuó en la represión, por usurpación de “títulos y honores”. Se juzga en este caso los asesinatos de Darío y Maxi y las agresiones con balas de plomo a seis manifestantes. La causa por el ataque al local de Izquierda Unida y el enjuiciamiento del ex policía Carlos Leiva, son procesos que serán tratados en instancias separadas y con juicios propios.
Sin embargo, si se tuviera en cuenta la cantidad de policías que utilizaron balas de plomo (que trasciende a Fanchiotti y Acosta, los únicos contemplados por la Fiscalía) y la extensión del radio por donde se extendió la represión – más de 30 cuadras alrededor del puente- lo que en esta causa se reduce a dos policías descarrilados necesariamente debería ampliarse a un número mucho mayor de ejecutores (no ya meros “encubridores”) y a una cadena de mandos en la esfera política que ineludiblemente coordinó el operativo a nivel general y dictó las órdenes.Pero ninguna de estas líneas fue vislumbrada por la justicia. “Ninguno de los autores intelectuales y responsables políticos estará sentado en el banquillo de los acusados”, denunció la Comisión en el documento leído en el acto. Los “prófugos” que flamean detrás del escenario son los distintos eslabones de la cadena de responsabilidades en la instigación, planificación y encubrimiento de los crímenes en Avellaneda. Semanas antes de la represión una campaña mediática de demonización de los movimientos fue impulsada desde el gobierno: Duhalde, entonces Presidente de la nación, proclamaba públicamente la necesidad de “poner orden” y asumía ante la sociedad la disposición de impedir los cortes de ruta como una decisión de Estado. Declaraciones de este tipo también se reprodujeron en los medios por boca de distintos funcionarios gubernamentales, que fácilmente identificaban las manifestaciones con violencia y caos social. Una “represión aleccionadora” era necesaria para neutralizar el progresivo aumento de la movilización social en una coyuntura de debilidad del gobierno. Varios encuentros se produjeron las semanas previas entre funcionarios ministeriales, jefes de las fuerzas de seguridad y representantes del poder judicial con el objeto de definir las acciones de gobierno en torno a la inseguridad y los bloqueos de accesos. En la práctica, el “orden” sería materializado en la política impulsada por el entonces ministro de Seguridad Interior de la Nación, Juan José Álvarez, ideólogo del accionar conjunto de las cuatro fuerzas de represión interior, operativo que bajo su coordinación se implementó por primera vez el 26 de junio. Durante la represión, las fuerzas de seguridad no actuaron arbitrariamente. Se trató de una articulación pergeñada por Álvarez y mediada por Luis Genoud, entonces ministro de Seguridad de la provincia y responsable político directo del accionar de la policía bonaerense (fuerza a la que pertenecían quienes dispararon con municiones de guerra a los manifestantes) y por Oscar Rodríguez, íntimo de Duhalde y entonces vicejefe de la SIDE, dependencia de donde partieron tres llamadas al comisario Fanchiotti durante la jornada del 26. Después de la represión, el discurso de las fuerzas de seguridad (“la policía sólo usó balas de goma”) se combinó con el de las “balas piqueteras”. Argumentos esgrimidos por Fanchiotti en las primeras horas y que fueron inmediatamente asumidos por los funcionarios de gobierno. Los piqueteros se habían matado entre ellos y los muertos eran el producto de la interna piquetera y del giro “subversivo” de organizaciones que se volcaban a la lucha armada. Así explicaba los crímenes el mismo Juan José Álvarez en la conferencia de prensa dada en la Quinta de Olivos el 26 por la noche y también Jorge Matzkin- entonces ministro del Interior- en la tarde del día siguiente. Por su parte, Felipe Solá, gobernador de la provincia, felicitó y avaló públicamente al comisario. En una sugestiva perspectiva temporal, el camino para esta explicación ya había sido allanado en varios sentidos: dos días antes de la masacre el ex jefe de Gabinete Alfredo Atanasof había hablado públicamente de una suerte de “guerra de unos contra otros”. Además, la teoría oficial se sustentaba en los informes elaborados por la SIDE, al mando de Carlos Soria y su segundo Oscar Rodríguez, que sostenían – a partir de infiltraciones en encuentros y asambleas- la radicalización de los movimientos y la existencia de un complot que pretendía derrocar al gobierno de Duhalde. Justificando la represión, estos informes fueron funcionales a la explicación oficial del 26 y, además, sustentaron la denuncia penal por “atentado contra la democracia” elevada contra las organizaciones por el entonces ministro de Justicia Jorge Vanossi. La aparición de las fotos quebró el discurso oficial, pero hasta ese momento todo cerraba. Criminalizando la protesta se justificaba la represión y se explicaban las muertes.“Buscados por el pueblo”, amparados por la complicidad y el encubrimiento del actual gobierno de Kirchner, que olvidó sus promesas, que jamás abrió los archivos de la SIDE sobre lo ocurrido ese día, que jamás pondría en riesgo su relación con la estructura duhaldista. Ninguno investigado ni imputado por este juicio. Y aún más: todos siguen ocupando hoy diversos cargos en el gobierno provincial y nacional. Luego de la insistencia de los abogados querellantes la fiscalía accedió a la citación de algunos de ellos, pero sólo en calidad de testigos: Duhalde, Juan José Álvarez y Felipe Solá, entre otros, serán citados a declarar a partir del 5 de julio. También se hará presente Néstor Kirchner, citado para el 11 de julio, quien deberá dar explicaciones por sus negativas a abrir los archivos del ejecutivo. Un avance quizás, mejor que nada. Pero este proceso ya no admite más imputaciones que las de los policías y, en caso de que la estrategia de la querella logre abrir una grieta e imponer ante el tribunal las pruebas sobre las autorías intelectuales, la investigación quedaría para un juicio futuro. Difícil, muy difícil, teniendo en cuenta el sólido entramado de poder que sustenta el encubrimiento, y la importancia capital del juicio como hecho político en la coyuntura actual.
Alrededor de las 14, los familiares, algunas de las víctimas y unos pocos integrantes de los movimientos, entraron al recinto. No fue fácil. Primero, el personal de gendarmería, argumentando la falta de espacio, los dejó entrar a cuentagotas, debiendo pasar por tres controles policiales, con detector de metales y palpaje de armas incluido. A los que les fue fácil acceder, sin colas ni amontonamientos en la puerta, fue a los medios masivos. Canal nueve y Clarín como los mejores amigos de la casa. Para el resto de los mortales, medios de mediano alcance y ni que hablar medios alternativos, la entrada fue casi imposible.

Entonces el afuera se llenó de arte

En las horas siguientes quedó afuera el grueso de los movimientos. Hasta las 17.20, en que salieron los abogados en un cuarto intermedio, nada se supo de lo que sucedía en el misterioso “adentro”. Aunque se sabía que en la audiencia de ayer no se resolvería nada sustantivo (sólo constaría de la lectura de la resolución de elevación a juicio, de la presentación de la acusación de la fiscalía y, si daba el tiempo, los planteos de la defensa), el “adentro” no podía dejar de ser objeto de expectativa. Con limitaciones y todo, es mucho lo que está en juego.Entonces el “afuera” se llenó de arte. Arte que mitigó la espera, la llenó de contenido, de poesía, de emociones fuertes. El ex abogado de presos políticos y escritor Vicente Zito Lema presentó “La pasión del piquetero”, una obra de teatro escrita para Darío y Maxi y actuada y musicalizada por integrantes de Contraviento, el ala musical del Frente Popular Darío Santillán. Dos hombres suceden intensos monólogos, un traje de verdugo que muda en chaleco de policía mientras por detrás un “coro popular” lo sigue de cerca, lo señala, lo acusa. “Pocas veces en mi vida sentí que la injusticia se volvía tan insoportable, Maxi era un artista que recién se abrazaba a la causa de los más humildes. Y Darío, que se acercó a socorrer a alguien que ya tenía la muerte encima, es un ejemplo ético, de dignidad. Con todo ese material, trato desde todos los lugares de mi formación, de ser útil para que la memoria de estos dos ejemplos no caiga en el olvido. Por eso hoy esta obra aquí, trabajando con los propios compañeros de Darío. Hemos preparado lo que se vio hoy durante cinco meses y sentí que ese tributo de belleza que queríamos hacer por Darío y Maximiliano se cumplió”, explicó Zito Lema más tarde. Sin duda, tenía razón, el tributo se cumplió. El silencio y las miradas absortas al momento en que terminó acreditan la intensidad de emociones que circuló durante la media hora que duró la obra. Fuerte, muy fuerte, sobre todo para quienes estuvieron en el puente aquel día.Respecto a sus expectativas sobre los resultados del juicio expresó que “a los ejecutores materiales, a los verdugos, los van a sentenciar. Pero van a ser dos perejiles condenados y luego habrá trampas para que salgan antes y todas esas cosas que ya conocemos, toda la corruptela habitual en los jueces y en el poder. Pero el tema de fondo es que ellos son responsables de sus actos pero detrás hay toda una representación política, una representación económica, que tiene nombres claros, apellidos claros, rostros. Cuando se grita ahí que Duhalde es responsable no es un simple grito en el aire”.Finalizada la obra, tocó Contraviento que, ya fuera del “coro” pero con el mismo entusiasmo, hizo bailar a buena parte de los cientos de personas que los escuchaban desde abajo. Cerca de las 15 subió al escenario Raly Barrionuevo y luego el folclore dio lugar a un grupo de tango. Finalmente el grupo de teatro “Brazo Largo” completó la jornada. Para entonces ya pasaban las 16. Adentro hacía ya una hora que había comenzado la audiencia.

Y el adentro de cinismo

A las 15, una hora más tarde de lo previsto, comenzaba finalmente esta primera audiencia en una sala aislada del edificio y con una entrada independiente. Ante el Tribunal conformado por los jueces Roberto Lugones, Elisa Moyano y Jorge Roldán, se dio, tal como se esperaba, la lectura de la elevación a juicio y se presentaron las acusaciones. Imputados, heridos y familiares, juntos en un recinto que albergó, por momentos, rumores y comentarios de indignación. El fiscal Bernardo Schell acusó formalmente a Fanchiotti y Acosta de la autoría material de los homicidios de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y por siete tentativas más de homicidio. Sostuvo también que tanto Fanchiotti como Acosta actuaron “siguiendo un designio común, el de ocasionar la muerte de los manifestantes”. Esta acusación de alguna manera sugiere la existencia de una planificación concertada, al menos entre ambos policías que, si fuera llevada hasta las últimas consecuencias, podría ampliar la perspectiva y, como mencionamos anteriormente, desembocar en las responsabilidades políticas y autorías intelectuales. Este fue el planteo que realizaron los abogados querellantes. En sus declaraciones, tanto el ex juez Mariano Bergés, abogado de Alberto Santillán, como Claudio Pandolfi, abogado de la mayoría de los heridos, hicieron hincapié en la necesidad de investigación y enjuiciamiento de los responsables políticos. En este sentido, el Fiscal ratificó ayer las citaciones a varios de los funcionarios involucrados, pero, como hemos dicho, sólo en calidad de testigos. Su imputación significaría un giro cualitativo en relación al modo en que la fiscalía está abordando las responsabilidades, significaría proyectar la mirada hacia un horizonte que aún ni vislumbra. Pero el cinismo irrumpió en la sala con el pedido de nulidad de cargos efectuado por el Dr. Amilcar Chiodo, abogado del ex comisario Fanchiotti. Según Pandolfi, era una estrategia previsible, “embarrar la cancha y confundir las cosas”. Primero, Chiodo pidió la “nulidad de audiencia” argumentando que al no haberse finalizado las pericias, no cuenta con las garantías para efectuar una adecuada defensa. En segundo lugar, pidió la “nulidad de la acusación”, por considerar que la misma es “subjetiva” y “no respeta las normas procesales”. También argumentó en favor de la segmentación de la causa (Kosteki, Santillán y heridos por separado) sosteniendo que “no hay pruebas que demuestren un plan unitario”. A su vez, para sostener la absolución de su defendido Fanchiotti, afirmó que en un video se ve a civiles con armas y que a Maximiliano Kosteki le disparan desde Carrefour.Y, para coronar tanto mundo del revés, manifestó que, "así como se judicializa la protesta, en este momento se está politizando la justicia”. Hábil abogado, estratega para convertir en víctima del sistema al principal responsable material de una de las peores represiones de los últimos años.
No obstante, ayer sucedió algo inesperado que deja entrever la existencia de tensiones entre los dos acusados principales. Tensiones que podrían arrojar luz sobre la cadena de responsabilidades que van desde los altos mandos de las fuerzas de seguridad hasta los policías imputados. Lo cual, a su vez, presentaría las pruebas que demuestran que en las reuniones acontecidas los días anteriores al 26 de junio - entre Duhalde y sus funcionarios con los principales mandos de las fuerzas de seguridad-, existieron órdenes precisas para que se produzca la Masacre de Avellaneda, tal cual esta sucedió. Ayer, por primera vez en los dos años y medio que lleva la investigación, el cabo Acosta expresó su deseo de declarar. Aunque aún no lo hizo, presentó un escrito que evidencia las divergencias existentes con Fanchiotti; allí asegura que éste le ordenó ir a buscar municiones de plomo y que - ante su negación- el propio comisario se ocupó de hacerlo. Por otro lado, su abogado defensor Vaca Paunero replicó a la defensa de Fanchiotti el pedido de división del juicio en dos partes, pedido que intenta fragmentar los hechos para dejar impune a toda la cadena de responsabilidades, comenzando por los superiores directos del ex comisario. “Lo que hay que hacer es lo contrario, hay que unir todos los hechos de ese día, porque eso nos va a dar un contexto sobre lo que realmente ha ocurrido”, sentenció Vaca Paunero. De esta manera, se puso nuevamente en el tapete lo que los abogados querellantes presentaron como unos de los ejes fundamentales del caso: éste no es un episodio de gatillo fácil sino, por el contrario, una planificación política que recorre toda una cadena de responsabilidades que van desde Duhalde y sus funcionarios, pasa por los altos mandos de la fuerzas de seguridad y culmina con los policías que, ejecutando órdenes, apretaron el gatillo dejando dos muertos y 33 heridos con balas de plomo.Cerca de las 20, adentro, se dio final a la audiencia, pasando a cuarto intermedio hasta el próximo martes. Afuera, hacia ya más de dos horas que los movimientos habían empezado a desconcentrar y ya sólo quedaban las carpas con los fueguitos que comenzaban a prenderse ante la noche que caía. Primera jornada del juicio, primera de muchas. Tres, cuatro, cinco e incluso seis meses de duración arriesgan algunos. Todo un desafío para el campo popular, porque tal como se mostró ayer, las estrategias contra lo ineludiblemente obvio pueden tomar las más variables formas. Desde aquí, desde afuera, queda la presión, la presencia atenta sobre ese adentro.

Informe realizado con la colaboración de ANRed.Para más información sobre la causa y crónicas de la audiencia:www.masacredeavellaneda.orgwww.anred.org