Dirigentes del MOCASE con su abogado, Luis Horacio Santucho.
Por Mempo Giardinelli *
En algunos viejos filmes de los años ’40 la cuestión de la tierra era objeto de conflictos, y prueba de ello son películas inolvidables como Viñas de ira (de John Ford, basada en la novela de John Steinbeck y con un inolvidable trabajo de Henry Fonda) o entre nosotros Prisioneros de la tierra, de Mario Soffici, o ya en los ’50 la memorable Las aguas bajan turbias, de Hugo del Carril.
Aunque aquellas impactantes versiones del realismo social hoy deberían parecer remotas, el presente argentino parece empecinarse en mostrar que no hay tal superación. En diversas zonas del país están siendo frecuentes los conflictos vinculados con la posesión y propiedad de la tierra.
Ya se han expuesto en la prensa nacional, reiteradamente, los intentos de desalojo a comunidades de campesinos en Santiago del Estero, en Tilcara (Jujuy) y más recientemente en la provincia de Córdoba. Y esta semana representantes de diversas organizaciones campesinas se reunieron con el ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni, para denunciar "la criminalización de la protesta campesina" y la discriminación que sufren. El magistrado no adelantó opinión alguna, pero lo impresionante es que la aparente desesperación de esos sectores —impulsados por un obvio descreimiento en las instituciones republicanas— los haya llevado a solicitar una reunión con un miembro de la Corte.
A la misma asistieron representantes de organizaciones campesinas de Misiones, Salta, Buenos Aires, San Juan, Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy, acompañados por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. "Pudimos plantear la situación por la que atraviesan miles de campesinos en nuestro país como la falta de acceso a la tierra y al agua, y lo que es más grave, cómo se criminaliza la vida del campesino”, declaró después el abogado Hernán Prego, asesor del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MO.CA.SE).
A esos casos hay que sumar otros: en El Impenetrable chaqueño hay denuncias de que algunos nuevos grandes latifundios están cercando los pozos de agua potable que históricamente abastecieron a los pobladores originarios. Y como ya se dijo en esta página, también existen denuncias del presunto proceder de gerentes de bancos y agentes impositivos que tramarían “aprietes” que derivan luego en remates amañados.
Por si todavía faltaran conflictos con la tierra, esta misma semana se conoció la extrañísima decisión de los concejales de la localidad de Corcovado (Chubut) que aprobaron la venta de tierras fiscales al irrisorio valor de 185 pesos la hectárea. De 7 concejales, 6 votaron la venta de dos campos ubicados junto al río que lleva el nombre del pueblo, de bellísimo paisaje y refugio de pescadores cuyo valor real —según dijo el intendente Daniel Toledo al diario Clarín— en sitios similares no es menor a 20.000 dólares la hectárea. Lo cierto es que el intendente vetó la ordenanza, pero el Concejo cuenta con votos suficientes para insistir. Esto forzó la intervención del gobierno de Mario Das Neves, que ordenó a la Fiscalía de Estado constituirse en la localidad. Pero la provincia no tendría facultades para el manejo de tierras fiscales municipales y en tal caso Corcovado perdería esos terrenos.
Otros conflictos vinculados a la tierra produjeron ya verdaderas puebladas como las de Esquel (Chubut) y hace poco Andalgalá (Catamarca) donde la resistencia a empresas mineras que quieren extraer oro utilizando cianuro ha tensionado peligrosamente la tradicional calma provinciana.
Como se advierte, en casi todos los casos el problema es que ante la falta de soluciones políticas desde los ejecutivos o legislaturas locales, los campesinos o pobladores salen a protestar, y entonces, casi inexorablemente, se los criminaliza. En muchos casos, además, estos movimientos sostienen que la tierra no es sólo un bien económico, sino también social, ecológico, cultural y hasta religioso.
Uno de los principales problemas del campesinado es la tenencia precaria, ya sea de tierras fiscales o privadas. En muchos casos son antiguos pobladores que no tienen escrituras y ante los que un día se presentan terceros —individuos o corporaciones— que sí las tienen. La legislación argentina reconoce el derecho a la propiedad de la tierra cuando se ha ejercido posesión pacífica y continua por más de 20 años, trabajándola para el sustento y haciendo mejoras: cercos, represas, pozos, etc. Pero a pesar de que tal derecho existe, la mayoría de esos ocupantes no tiene ni tuvo, por generaciones, ni la información ni los medios económicos necesarios para hacerlos valer.
La cuestión, como se aprecia, amenaza actualizar conflictos que la literatura y el cine testimoniaron hace décadas y parecían cosa del pasado. Urge que desde la racionalidad y el buen sentido se resuelvan estos asuntos antes de que sea tarde y se produzcan, inesperadamente, nuevos y dramáticos frentes de tormenta. •
* Revista Debate, Opinario, Nº 123.
