Campesinos del MOCASE-Foto:Severino/Acción Fotográfica
Mientras en Buenos Aires se recalientan las disputas electorales, el país profundo padece otras penurias, ciertamente esenciales: la cuestión de la tierra, origen y asiento de comunidades originarias, resulta invisible para los que mandan —o quieren mandar— en este país contradictorio.
En Santiago del Estero se rematan pueblos enteros por orden judicial. Más de 3.000 habitantes van a quedar “encerrados” el próximo 30 de junio, cuando un martillero de La Plata remate casi 10.000 hectáreas que incluyen al poblado de San José del Boquerón y a los parajes El Ceibal, Boquerón, Tres Varones, Juvenil, San Juan, Nuevo Simbolar y Babilonia, ubicados el norte de la provincia, donde alguna vez hubo bosques de quebrachos y ahora sólo tierras semidesérticas.
Todo será rematado, con la única excepción de un par de edificios estatales, la iglesia y una usina eléctrica privada, en el marco del proceso de quiebra de un banco que fue propiedad del diputado nacional menemista José Figueroa.
Se trata de la causa “Banco Platense S.A. s/Quiebra” que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial N° 5 de La Plata, y en la que se rematará todo sin tener en cuenta a los habitantes, ni las edificaciones construidas por ellos, ni la antiguedad de su residencia en la región. Así se abrirá la puerta a inmediatos juicios de desalojo por parte del futuro "propietario" de esas tierras, en las que hay también dos escuelas y una reducción jesuítica del siglo XVI.
Se estima que en esa provincia hay 16.000 familias campesinas cuyo problema central es la tenencia precaria de las tierras en que viven y trabajan desde hace décadas. Esto se originó a fines del siglo XIX, cuando empezó la explotación irracional de la madera. La tala indiscriminada produjo no sólo el avasallamiento de costumbres y la degradación del monte, sino también este lío jurídico. En los últimos años, y dadas las condiciones de mercado favorables a la explotación intensiva de soja, la expansión agropecuaria planteó el problema de que —con títulos de propiedad adquiridos no siempre de modo transparente— se pretende desalojar a miles de familias que habitan esas tierras desde hace varias generaciones.
Si bien la legislación les reconoce el derecho a la propiedad de esas tierras a los campesinos que durante 20 años las habitaron y realizaron mejoras (cercos, caminos, represas), la trampa consistió —y consiste— en que los trámites administrativos para recibir los títulos definitivos tienen costos que exceden la capacidad económica de los pequeños productores.
La cuestión de la tierra también trae conflictos en Misiones, donde está en marcha la instalación de la cadena hotelera Hilton en Iguazú, lo cual sería estupendo para el turismo y la generación de empleos si no fuera que el gobierno misionero le ha otorgado a esa multinacional un permiso de ocupación de un predio de 600 hectáreas pertenecientes al Parque Nacional. Y no sólo eso: la “donación” incluye 34 hectáreas que actualmente ocupan comunidades de pescadores de la costa del Paraná, que serán desplazados y quedarán sin río.
En Formosa el gobierno también ha favorecido la penetración de intereses privados con fuerte poder económico y político, que ocuparon y desmembraron antiguos territorios indígenas con el agresivo desmonte de bosques naturales. Muchas comunidades ya no tienen hoy dónde obtener sus plantas medicinales, alimentos y materiales de construcción, merced a la constante privatización de tierras fiscales que siempre fueron territorio indígena. Tal el caso de la entrega de 40.000 hectáreas de tierras fiscales a una empresa de origen australiano, que el gobierno de Gildo Insfrán habría cedido al precio vil de 8 pesos la hectárea. Dicha superficie equivale a un 14% de la tierra que lograron los indígenas tras larguísimos años de lucha e innumerables reclamos.
Y en el Chaco, mientras el Poder Judicial desaloja el Parque de las Esculturas para construir edificios sobre un Monumento Histórico Nacional (ante el silencio de la Comisión respectiva, que no interviene aunque es su obligación) se conoce otro atropello en los bosques conocidos como El Impenetrable, hoy completamente penetrados por latifundios y sectas religiosas que cambiaron las costumbres de los pueblos originarios: los más de 50 pozos de agua potable construídos hace décadas y de los cuales se abastecen los campesinos para sí y sus animales, están siendo cercados por flamantes, misteriosos “propietarios” que tienden alambrados e impiden el libre acceso al líquido.
Súmense aún los problemas que en Salta produce la construcción del gasoducto que atraviesa la Selva de las Yungas —que afecta a centenares de familias kollas y condena a la extinción a los últimos 200 yaguaretés— y se tendrá un panorama, apenas parcial, de la intención de esta página. Que no es otra que llamar la atención sobre la ceguera de políticos y dirigencias que hablan, y se disputan, una Argentina que ni conocen ni les importa. •
* Debate / 119
